• Este instrumento adopta medidas de prevención temprana, urgentes y garantías de no repetición a quienes trabajan por la paz y la defensa de Derechos Humanos.
• En construcción, participaron: ciudadanía, Alcaldías Locales, voceros de organizaciones de Derechos Humanos, líderes y lideresas, representantes del ministerio público y la fuerza pública.
• Con esto, se crea la hoja de ruta para identificar de manera temprana los riesgos y tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho a la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas.

Durante la rendición de cuentas del Comité Distrital de Prevención se destacó la actualización del Plan Integral de Prevención y Protección para la Paz, PIDPAZ, el cual adopta medidas de prevención, detección temprana de riesgos y garantía de derechos con un enfoque diferencial y territorial a quienes lideran y trabajan por la paz y la defensa de los Derechos Humanos en Bogotá.

“Este es un esfuerzo que se hizo de manera participativa para actualizar un documento adaptado a las necesidades de la ciudad y pensado a futuro en una articulación con el Gobierno Nacional con el fin de consolidar la paz total. Además, no solo obedece a la seguridad humana, sino en la labor de quienes trabajan en la defensa de los Derechos Humanos”, afirmó Ivonne González, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

El Plan Integral de Prevención y Protección para la Paz -PIDPAZ- es un instrumento de planeación que cuenta con un análisis sobre los riesgos de seguridad, que incluye las dinámicas de violencia, el sistema de garantías, las dinámicas territoriales y los grupos poblacionales que se encuentran en riesgo, con el fin de adoptar medidas de prevención temprana, urgentes y garantías de no repetición.

Así mismo, durante la rendición de cuentas también, se dieron a conocer los resultados del trabajo articulado que ha realizado el Distrito, desde la Secretaría de Gobierno,  para garantizar los derechos de los ciudadanos durante la vigencia 2022.

Logros:

• Se creó la Ruta por la Reconciliación para aquellas personas que han sido amenazadas por decidir reintegrarse o reincorporarse a la vida civil a través del acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC o procesos anteriores a este proceso firmado en 2016.
• Se construyó la Política Pública Contra la Trata de Personas, con la cual se busca proteger los derechos de las personas víctimas de las distintas finalidades de explotación, como la prostitución ajena y explotación sexual; trabajos o servicios forzados, servidumbre y explotación de la mendicidad ajena; matrimonio servil, esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud y tráfico de órganos.
• Se creó la Ruta de Atención a Víctimas de Presunto Abuso de Autoridad por parte de la Fuerza Pública.
• Se derogó el Decreto 563 con el cual actualizamos el Protocolo para las Movilizaciones, con el fin de garantizar el derecho a la protesta social pacífica desde un enfoque diferencial, de género, de diversidad de género y sexual.
• Se priorizó la protección de la vida y atención de los defensores y las defensoras que se encuentran amenazados por ejercer su labor.
• Se creó la alianza con USAID para desarrollar el proyecto “conectando caminos por los Derechos Humanos”.
• Se realizaron ejercicios de sensibilización en Derechos Humanos y Política Pública LGBTIQ+ a la Policía Nacional especialmente con la Fuerza Disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
• Se fortaleció la campaña para prevenir casos de trata de personas especialmente en la terminal de transporte, el Aeropuerto ElDorado, plazas de mercado y lugares turísticos. 

Para este nuevo año, se seguirá fortaleciendo el trabajo por convertir a Bogotá en la capital de la paz, la reconciliación y la defensa de los Derechos Humanos.